En 2025 se registraron 774 denuncias ante el Sernac contra corredoras de propiedades. De ese total, el 60% de los corredores cuestionados ni siquiera respondió. No es un caso puntual ni una temporada mala. Es la norma de un mercado sin reglas.
Y eso es solo la mitad del problema.
La primera trampa: los números no cuadran
Hay una conversación que se repite en foros y redes sociales chilenas, con distintas palabras pero el mismo cálculo de fondo: con el ingreso promedio en Chile, los gastos básicos (arriendo, servicios, transporte, alimentación) ya consumen el sueldo antes de que llegue fin de mes.
El escenario se vuelve más duro cuando se apunta a comprar. Los bancos exigen, como requisito mínimo para calificar a un crédito hipotecario, un ingreso líquido que ronda el millón doscientos mil pesos mensuales. Un umbral que la mayoría de los trabajadores dependientes no alcanza de manera individual. Según datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, más del 70% de los trabajadores chilenos gana menos de ese monto.
El resultado es predecible: quien no puede comprar, arrienda. Y quien arrienda, depende del corredor.
Pero esa dependencia no viene acompañada de ninguna garantía real.
La segunda trampa: el corredor sin rendición de cuentas
En 2025 se presentaron 774 denuncias ante el Sernac contra corredoras de propiedades. El informe destacado por El Mercurio revela que en solo el 18% de los casos el corredor atendió la queja para tratar de resolverla. El 81% no quiso o no pudo resolverla, y en su mayoría (el 60% del total) ni siquiera respondió.
Cinco corredoras concentran el 51% de los reclamos. Ninguna de ellas pertenece a ACOP (Asociación Nacional de Corredores de Propiedades), el gremio más grande del rubro.
El patrón es claro: el corredor que más opera no necesariamente es el que mejor responde. Y sin un registro público obligatorio, sin licencias estatales ni sanciones efectivas, no existe mecanismo que cambie ese incentivo.
Rodrigo Andreucci, abogado académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la U. Mayor, lo pone en perspectiva: en países como EE.UU., Australia o España, para arrendar o transar propiedades los actores deben estar registrados en una entidad estatal e integrar un registro público. Pueden perder su licencia si no restituyen fondos o incumplen compromisos con clientes. En Chile, esos mecanismos no existen.
La asociación gremial ACOP estima que hay cerca de 15.000 actores informales operando en el rubro, personas que trabajan sin integrarse a ningún gremio, sin normas estandarizadas y, en consecuencia, sin posibilidad real de ser sancionadas.
El efecto combinado: atrapado por ambos lados
La doble trampa funciona así:
La brecha de ingresos empuja a la mayoría a arrendar en lugar de comprar. El mercado del arriendo está intermediado por actores sin regulación efectiva. El consumidor que tiene un problema con su corredor enfrenta un camino largo (Sernac, tribunal civil, años de proceso) para obtener un resultado que, según Andreucci, puede tomar entre dos y seis años.
No es un problema de mala suerte ni de corredores malos individualmente. Es una estructura donde responder mal (o no responder) tiene consecuencias mínimas para el intermediario y consecuencias altas para el cliente.
Peor aún: el cliente más vulnerable (el que no pudo comprar y debe arrendar) es exactamente el que tiene menos tiempo, menos recursos y menos acceso a asesoría legal para navegar ese proceso.
Lo que puede hacer el usuario hoy
ACOP está en conversaciones con parlamentarios para impulsar un proyecto de ley que cree un registro público de corredores y estandarice la actividad. Ese proceso legislativo toma tiempo.
Mientras tanto, la mejor herramienta disponible es la información. Saber cuánto se ha transado una propiedad similar en el mismo sector, cuáles son los precios reales de arriendo en la comuna, qué dice el historial del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces, todo eso reduce la asimetría entre el corredor y el cliente antes de que se firme cualquier documento.
Ese es el problema que inmogrid intenta resolver: centralizar datos inmobiliarios que hoy están dispersos o son de pago, y ponerlos al alcance de cualquier persona antes de tomar una decisión de esta magnitud.
El precio de la propiedad no es el único problema. Pero es el más visible. La falta de información y la ausencia de regulación son los problemas que hacen que ese precio, ya alto, resulte todavía más caro de pagar.
Fuentes: reportaje de Marco Gutiérrez V., El Mercurio, 2025; datos Sernac; declaraciones de Soledad Gaete (presidenta ACOP) y Rodrigo Andreucci (abogado especialista en materias inmobiliarias); Encuesta Suplementaria de Ingresos INE.